Servicios fallidos deparan un futuro de incertidumbre

 


La privatización de los servicios energéticos ha sumido al país en una crisis sin precedentes. Los apagones, cada vez más frecuentes, afectan a miles de ciudadanos diariamente. A pesar de las inversiones solicitadas para mejorar la red eléctrica, basta con una tormenta o una ráfaga de viento para que el sistema colapse. Estos cortes no solo interrumpen el suministro de electricidad, sino que también paralizan la distribución de agua potable, comprometiendo gravemente la salud pública. Ambos problemas deterioran tanto la salud física como mental de la población y, además, aumentan los costos operativos de los comerciantes, quienes deben enfrentar mayores gastos para mantener sus negocios en funcionamiento.

Otro aspecto alarmante es el deterioro de las alcantarillas, que no reciben el mantenimiento adecuado. Esto causa inundaciones incluso con lluvias ligeras, ya que el sistema de drenaje no está preparado para manejar siquiera una pulgada de agua. A esta problemática se suma el estado deplorable de las carreteras rurales, muchas de las cuales han sido destruidas por la erosión. Como consecuencia, comunidades enteras quedan incomunicadas, afectando el acceso a servicios esenciales.

 

El sistema de salud tampoco escapa a la crisis. Las condiciones en los hospitales y centros médicos son insalubres, mientras las aseguradoras siguen obteniendo ganancias a costa de los pacientes, que sufren las consecuencias de un sistema que parece destinado a generar muertes prematuras e innecesarias. La educación también enfrenta uno de sus peores momentos históricos. Los resultados académicos están muy por debajo de la media nacional, y las escuelas funcionan en condiciones lamentables, con maestros mal pagados y sin los recursos necesarios para atender adecuadamente a los estudiantes, especialmente a aquellos con necesidades especiales.

 

La inseguridad es otro tema crítico que sigue sin control. Los crímenes violentos y los asesinatos son parte del día a día, y las autoridades parecen incapaces de brindar soluciones eficaces. En cuanto a la deuda pública, el panorama es desalentador. No solo es impagable, sino que los gobernantes han propuesto empeñar los fondos del gobierno por los próximos cuarenta años, con la certeza de que la deuda solo aumentará con el tiempo.

 

Un problema adicional que agrava la crisis en la isla es la situación del mercado de vivienda. El auge de los alquileres a corto plazo ha encarecido drásticamente el valor de las propiedades, haciendo casi imposible para los locales adquirir una residencia propia. Esto ha generado una barrera significativa para las familias puertorriqueñas que buscan estabilidad, ya que los precios de la vivienda han subido a niveles insostenibles. Este tipo de alquiler, aunque parece beneficioso a corto plazo, aporta muy poco a la economía local en comparación con una compra de propiedad por parte de los residentes. Como resultado, el acceso a una vivienda digna se ha vuelto cada vez más limitado, exacerbando la ya compleja crisis económica y social que enfrenta el país.

 

A pesar de esta realidad, los mismos líderes políticos que han llevado al país a esta situación insisten en pedir más tiempo en el poder. En su desesperación por mantenerse en el gobierno, no dudan en buscar votos en los lugares más cuestionables, incluyendo entre los ausentes, fallecidos o desaparecidos. Además, muchos de estos funcionarios se han enriquecido aprovechando sus cargos, siempre que las autoridades federales no se lo hayan impedido. Trabajamos para el gobierno cuando debería ocurrir lo contrario.

 

Frente a este panorama desolador, un número creciente de ciudadanos está considerando emigrar a países como Estados Unidos, la República Dominicana o España, en busca de mejores condiciones de vida y estabilidad. La mayoría de quienes están planeando irse son jóvenes con familias que ya no pueden soportar la pesada carga fiscal impuesta por el gobierno. Además, la marcada caída en los nacimientos augura un futuro en el que una población envejecida, sin una base laboral sólida, se convertirá en una carga significativa para el gobierno, afectando aún más la sostenibilidad económica del país.

 

Seguir con los mismos líderes solo nos llevará a obtener los mismos resultados. Si no tomamos medidas drásticas ahora, el futuro estará marcado por más corrupción, ineficacia y un sistema incapaz de garantizar una vida digna para sus ciudadanos. Es esencial un cambio profundo para romper este ciclo y evitar un mayor deterioro de nuestras condiciones de vida.

 

*El autor es cirujano pediátrico y escritor.

 



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