Incentivos Fiscales que Aumentan la Desigualdad y Desplazan al Pueblo de Puerto Rico

 

La Ley 22, ahora conocida como la Ley 60, es una legislación puertorriqueña diseñada para atraer inversionistas extranjeros a la isla mediante beneficios contributivos. Inicialmente promulgada en 2012 como parte de un paquete de incentivos fiscales, esta ley fue creada con el objetivo de estimular la economía local a través de la llegada de individuos de alto poder adquisitivo. La Ley 22 ofrece a estos nuevos residentes una exención completa sobre los impuestos derivados de intereses, dividendos y ganancias de capital generados en Puerto Rico. En 2019, la ley fue absorbida dentro de la Ley 60, un nuevo código que consolida todas las leyes de incentivos fiscales en Puerto Rico, ajustando algunos requisitos, aunque manteniendo en gran medida los mismos beneficios. Entre los requisitos para acogerse a esta ley, se encuentra el de vivir en Puerto Rico al menos 183 días al año para demostrar residencia, así como realizar donaciones anuales a organizaciones locales.

Sin embargo, a pesar de su intención de atraer capital y fomentar la actividad económica, la Ley 60 ha tenido efectos profundamente negativos en la población puertorriqueña, especialmente en lo que respecta al aumento de la desigualdad social, la gentrificación y la pérdida de ingresos fiscales. Uno de los impactos más notables ha sido el incremento en el costo de vida en áreas urbanas y turísticas, como San Juan, Dorado y Rincón, donde muchos de estos inversionistas han decidido establecerse. La llegada de estos nuevos residentes ha generado una demanda elevada en el mercado inmobiliario, lo que ha provocado un alza en los precios de compra y alquiler de viviendas. Como resultado, muchas familias puertorriqueñas se han visto desplazadas de sus barrios debido a que ya no pueden costear los precios.

Otro aspecto crítico es que, aunque la ley requiere que estos inversionistas residan en la isla al menos 183 días, muchos no cumplen con este requisito y continúan viviendo fuera de Puerto Rico durante gran parte del año. Debido a limitaciones en la supervisión y control de cumplimiento, algunos beneficiarios logran aparentar residencia en la isla sin realmente contribuir de forma significativa a la economía local. Esta evasión no solo representa una pérdida de ingresos fiscales potenciales, sino que también va en detrimento de la equidad en el sistema contributivo, ya que mientras estos individuos gozan de exenciones, los puertorriqueños comunes continúan cargando con los impuestos tradicionales.

Además de los efectos económicos y sociales, existe un impacto en el ámbito político. Muchos beneficiarios de la Ley 60 han realizado donaciones significativas a campañas políticas de figuras clave en Puerto Rico, incluyendo gobernadores, comisionados residentes, alcaldes y otros candidatos. Estas contribuciones pueden ser vistas como una manera de asegurar la continuidad de los beneficios fiscales y proteger los intereses de los inversionistas en la isla. Según datos recientes, algunos de los principales receptores de estas contribuciones han sido el gobernador actual, candidatos a la gobernación y alcaldes de áreas con alta concentración de inversionistas acogidos a la ley. Este apoyo financiero a figuras políticas influye en la perpetuación de la ley y limita el debate público sobre los efectos negativos de estos incentivos, reduciendo la posibilidad de una reforma significativa que priorice los intereses de la población puertorriqueña en lugar de los de una minoría con privilegios.

En conclusión, la Ley 60, aunque concebida como un incentivo económico, ha demostrado tener efectos perjudiciales en Puerto Rico. Ha contribuido al aumento de la desigualdad, al desplazamiento de residentes locales y a la pérdida de ingresos fiscales necesarios para el desarrollo de infraestructura y servicios públicos. La falta de supervisión efectiva y la capacidad de muchos inversionistas para evadir el requisito de residencia agravan la situación, mientras que las contribuciones políticas de estos beneficiarios fortalecen un sistema que beneficia a pocos y perjudica a muchos. Para que esta ley realmente beneficie a la isla, es necesario implementar medidas de supervisión más rigurosas y revisar el impacto real de estos incentivos en la economía y el bienestar de la población puertorriqueña.

*El autor es cirujano pediátrico y escritor...