La Ley 249-2018: Una Reforma Necesaria en la Medicina y el Derecho en Puerto Rico

 


En el año 2018, el gobierno de Puerto Rico aprobó la Ley 249-2018, una legislación que pretendía reducir las demandas frívolas por impericia médica y proteger a los médicos en la isla. Su propósito era establecer un panel de expertos que evaluara la validez de las demandas antes de que estas llegaran a juicio. Sin embargo, hasta la fecha, la ley no ha sido implementada, generando preocupación en la comunidad médica y cuestionamientos sobre la influencia del sector legal en su paralización.

Razón de Ser de la Ley

Puerto Rico ha experimentado una crisis en el sector de la salud, agravada por la emigración masiva de médicos hacia los Estados Unidos. Entre las causas principales de este éxodo se encuentran los altos costos de los seguros de impericia médica y el aumento de litigios por supuesta negligencia médica, muchos de los cuales no tienen base sólida. La Ley 249-2018 surgió como una respuesta para frenar este problema y ofrecer un mecanismo más justo para evaluar las demandas.

Con la ley, se buscaba garantizar que solo los casos con mérito legal llegaran a los tribunales, protegiendo a los médicos de procesos largos y costosos, al mismo tiempo que se mantenía el derecho de los pacientes a reclamar en situaciones legítimas. Para ello, la legislación estipulaba que un panel de especialistas revisaría cada caso y, si se consideraba frívolo, el demandante tendría que pagar una fianza para continuar con el proceso.

Beneficios Legales y Económicos

La implementación de la Ley 249-2018 traería consigo varios beneficios:

1.     Protección al Sistema de Salud: Al reducir las demandas sin mérito, los médicos enfrentarían menos costos legales, lo que haría más atractivo para ellos permanecer en Puerto Rico en lugar de emigrar.

2.     Menores Costos en Seguros Médicos: La incertidumbre legal hace que las primas de seguros de impericia médica sean exorbitantes. Con la ley en vigor, estos costos disminuirían, haciendo más viable la práctica médica en la isla.

3.     Mayor Eficiencia Judicial: Al filtrar demandas sin sustento, los tribunales evitarían el congestionamiento y podrían enfocarse en los casos legítimos.

4.     Ahorro para el Estado: Un sistema más eficiente reduce los gastos administrativos en el sistema judicial, beneficiando al presupuesto público.

¿Por Qué No Se Ha Implementado?

A pesar de sus beneficios, la Ley 249-2018 ha enfrentado obstáculos en su implementación. Existen varios factores que podrían haber detenido su puesta en vigor:

1.     Oposición del Sector Legal: La ley limita las oportunidades de litigio para algunos abogados especializados en demandas por impericia médica, lo que podría haber generado presiones para frenar su reglamentación.

2.     Falta de Reglamentación Específica: A pesar de su aprobación, no se han desarrollado los reglamentos operativos necesarios para su ejecución, lo que impide su aplicación efectiva.

3.     Cambio de Administración: La ley fue firmada por el gobernador Ricardo Rosselló en 2018, pero tras su salida en 2019, las administraciones siguientes podrían no haber priorizado su implementación.

4.     Posibles Impugnaciones Legales: Aunque no se han encontrado registros de demandas en contra de la ley, es posible que existan preocupaciones sobre su constitucionalidad que hayan retrasado su entrada en vigor.

La Necesidad de su Implementación y el Rol del Tribunal Supremo

Dado el impacto positivo que la Ley 249-2018 tendría en el sistema de salud de Puerto Rico, es imperativo que se establezca un mecanismo claro para su ejecución. Una solución viable sería que el Tribunal Supremo de Puerto Rico asumiera la responsabilidad de la reglamentación y supervisión del panel de expertos, asegurando que el proceso se lleve a cabo de manera transparente y justa. La intervención del máximo tribunal garantizaría que la ley se aplique correctamente y que no existan vacíos legales que la dejen inoperante.

En conclusión, la Ley 249-2018 sigue siendo una herramienta necesaria para frenar el éxodo de médicos y mejorar el acceso a la salud en Puerto Rico. Su implementación es urgente, y su paralización deja en evidencia la necesidad de reformar el proceso de reglamentación legislativa en la isla. La justicia debe actuar con rapidez para asegurar que el bienestar de los ciudadanos y profesionales de la salud no siga siendo afectado por la inacción gubernamental.

*El autor es cirujano pediátrico, catedrático y escritor.
 
Puede acesar aquí la Ley 249 de 2018.

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