Los manglares no pagan contribuciones…

 

Un día cualquiera, ahí estábamos, viendo a la primera mandataria entrevistada sobre un tema que personalmente le concierne: la construcción y el mantenimiento de viviendas en los bordes de la zona marítimo-terrestre. Un lugar tan sensible como el litoral de La Parguera, cuya belleza natural, a estas alturas, es más una carga incómoda que un patrimonio. Durante la entrevista, se hicieron señalamientos bastante contundentes: violaciones descaradas que dañan el medio ambiente. Pero, claro, decirlo no cuesta nada.

Al día siguiente, como si el guion ya estuviera escrito, nombran al sucesor de la Secretaría de Recursos Naturales. Un acto que no toma mucho tiempo en desenmascarar su propósito: el flamante secretario, tras dar las gracias con la solemnidad de un actor de reparto, emite en cuestión de horas una orden ejecutiva que resuelve el "asunto" de la forma más expedita posible. ¿Cómo? Engavetándolo, archivándolo y, de paso, permitiendo que los responsables de las violaciones sigan usufructuando del litoral como si fuera su jardín privado. Es más, les otorgan el derecho de presentar ellos mismos sus propios planes de mantenimiento, porque, por supuesto, ¿quién mejor que los infractores para decidir el futuro de lo que están destruyendo? Quizás hasta se les ocurra construir un aeropuerto en la costa, o al menos un helipuerto, ya que seguramente las especies en peligro de extinción estarán agradecidas por tener transporte aéreo directo a su extinción.

Mientras tanto, la bahía seguirá recibiendo su generoso aporte de aguas residuales y aceite de motor, como si los organismos bioluminiscentes necesitaran un poco de ayuda extra para brillar. Después de todo, la contaminación no solo destruye; también ilumina.

Y, como era de esperarse, las redes sociales estallaron, pero no con apoyo, sino con una oleada de indignación contra la orden ejecutiva, ese monumento al nepotismo que, en menos de una semana, logró establecer un récord en abuso de poder.

Por supuesto, no podía faltar la intervención del presidente del Senado, el más astuto de los peces del río, quien salió a enfatizar que nada de esto puede hacerse sin la autorización del cuerpo legislativo. Un detalle técnico, claro, pero que nos recuerda que, en el fondo, todos son del mismo partido, un partido que no necesita adversarios para corromperse porque ya se basta a sí mismo.

Desde la Fortaleza, mientras tanto, se inicia otro ciclo de usucapión, esta vez no de terrenos olvidados en el interior, sino de las costas, esas que alguna vez fueron la joya de la isla pero que ahora están a la venta, como todo lo demás. Lo bello y lo único de este lugar ya tiene precio, y si no lo pagas tú, seguro alguien con suficiente poder e indiferencia sí lo hará.

Ah, el proyecto de Cabo Rojo, esa oda al desarrollo a cualquier costo que, como todo lo que se cuece en esta isla, viene bien envuelto en papel brillante de "progreso económico". Un desarrollo que, faltaba más, ya cuenta con su exención contributiva, porque si algo hemos aprendido es que los grandes intereses no pagan por los destrozos que causan; eso lo paga la naturaleza y, más tarde, el bolsillo del pueblo.

Este "proyecto turístico" –como lo llaman con esa narrativa que suena más a predador disfrazado de inversionista– promete construir hoteles y facilidades que "generarán empleo". Claro, porque quién necesita manglares o ecosistemas intactos cuando puedes tener un estacionamiento gigante al lado de la playa. Lo interesante es cómo lograron que el proyecto reciba exenciones contributivas completas, porque, por supuesto, si vas a destruir algo, lo mínimo que puedes pedir es que te salga gratis.

La jugada es vieja, pero siempre efectiva: el proyecto no solo busca instalarse en un área ambientalmente sensible, sino que ya viene acompañado de promesas grandilocuentes de beneficios económicos. ¿Que la biodiversidad única de Cabo Rojo corre peligro? Bah, ¿a quién le importa una marisma cuando puedes tener un campo de golf? Si en La Parguera les dieron luz verde para contaminar la bahía con aceite y aguas negras, ¿por qué no hacer lo mismo en Cabo Rojo, pero con el respaldo oficial de una ley de incentivos?

Los manglares, que actúan como barreras naturales contra inundaciones y protegen el litoral, son vistos más como obstáculos que como recursos valiosos. Los pájaros que migran allí cada año, pues que se busquen otro sitio. ¿Y el agua potable? Bueno, siempre se puede importar más botellas de plástico, ¿no? La narrativa es clara: todo se justifica mientras haya promesas de inversión y de ingresos futuros.

Y no faltan los defensores del proyecto, que con su lógica neoliberal aseguran que estas exenciones son "necesarias" para atraer inversión extranjera. 

Lo que nunca explican es cómo el pueblo se beneficia de un modelo donde los inversionistas no pagan contribuciones, las ganancias se van fuera de la isla, y lo único que queda aquí son playas privatizadas y ecosistemas destruidos.

Mientras tanto, el gobierno se encarga de vender el proyecto como una "victoria" para la economía local, olvidando convenientemente mencionar que estas exenciones contributivas no solo empobrecen al fisco, sino que también abren la puerta para que más "proyectos" de este tipo sigan degradando nuestras costas. Cabo Rojo, ese paraíso de belleza natural, pronto será otro lugar donde los lugareños tendrán que pagar entrada para visitar lo que una vez fue suyo, si es que aún queda algo por visitar.