ATV y la salud pública: una orden ejecutiva que olvida a los heridos

 

La reciente orden ejecutiva OE-2025-029, firmada por la gobernadora de Puerto Rico, crea un comité interagencial para estudiar la viabilidad de permitir vehículos todo terreno (ATV, UTV, SSV) en ciertas vías públicas. La medida busca responder a presiones sociales y a prácticas cada vez más comunes, especialmente en áreas rurales y costeras. Sin embargo, lo que brilla por su ausencia en esta propuesta es quizás lo más crucial: la salud pública.

Desde hace más de dos décadas, los médicos del Centro de Trauma de Puerto Rico han documentado el impacto devastador del uso indebido de estos vehículos. En un estudio publicado en The Journal of Trauma en 2003, los doctores José A. Acosta y Pablo Rodríguez demostraron que los accidentes con vehículos todo terreno tienen una mortalidad del 20% y una incidencia de lesiones cerebrales traumáticas en más del 50% de los casos. En contraste, las motocicletas —que sí tienen regulación— presentan menos casos de trauma craneal gracias al uso obligatorio de cascos. En ATV, solo el 10.5% de los pacientes usaban casco al momento del impacto.

Los neurocirujanos y ortopedas de la isla no se han quedado callados. Han denunciado el patrón repetitivo de jóvenes —muchos menores de edad— que llegan con fracturas, hemorragias cerebrales y discapacidades permanentes tras accidentes con estos vehículos. El uso recreacional sin controles, la falta de licencia, el uso en vías públicas y la ausencia de equipo de protección agravan el problema.

La orden ejecutiva menciona a representantes del sector privado, de seguridad pública y de transporte. Pero no hay un solo asiento para los profesionales de la salud que atienden de primera mano las consecuencias del descontrol con estos vehículos. Ni el Centro Médico de Trauma, ni neurocirujanos, ni ortopedas, ni epidemiólogos forman parte del comité evaluador. Esto, en un país donde la carga hospitalaria ya está al límite, es una omisión peligrosa.

Cualquier propuesta para integrar los ATV a la circulación pública debe tener como norte la seguridad ciudadana y la prevención. Para ello, es indispensable que las voces de la medicina del trauma estén presentes en la mesa de discusión. Ignorar las estadísticas, los estudios y la experiencia clínica es legislar con los ojos cerrados.

Reglamentar no debe ser sinónimo de ceder. La regulación sin datos es populismo. Y los datos existen: se han contado en huesos rotos, cirugías de emergencia y padres llorando en salas de espera.

Si vamos a tomar decisiones de impacto colectivo, que sea con ciencia, con prudencia y con justicia para los que han pagado el precio más alto: los heridos y sus familias.

*El autor es cirujano pediátrico, catedrático y escritor. Tel (787) 340-1868.