La concepción selectiva: cuando la ley, la biología y la biografía no coinciden

 

Hay leyes que nacen de convicciones, otras de ideologías, y algunas de una peligrosa desconexión con la realidad.

 

Cuando se legisla sobre la vida “desde la concepción” sin comprender —o sin querer reconocer— cómo funciona realmente la biología humana, el resultado no es protección: es ficción jurídica. La contradicción se vuelve más inquietante cuando quien impulsa o firma ese tipo de legislación ha sido beneficiario directo de la biotecnología reproductiva moderna.

 

La fertilización in vitro no es un concepto abstracto ni una metáfora romántica. Es un procedimiento médico concreto, protocolizado y estandarizado en todo el mundo. Implica estimulación ovárica, extracción de múltiples óvulos, fecundación en laboratorio, selección embrionaria, implantación y, sí, descarte. No por crueldad. Por viabilidad biológica. El cuerpo humano no es una línea de ensamblaje perfecta. No todos los óvulos fecundados son genéticamente estables. No todos se desarrollan. No todos implantan. No todos sobreviven. Esa es la biología, no la ideología.

 

Conviene precisar un punto que suele ignorarse en el debate público: un óvulo fecundado in vitro y uno fecundado in útero son biológicamente equivalentes. Un cigoto es un cigoto. Misma dotación genética, mismo programa embriológico inicial. No existe un “embrión artificial” y un “embrión natural” como categorías biológicas distintas. Existe embrión. Punto. La diferencia no está en el embrión; está en el entorno.

 

En el útero hay sincronía hormonal, endometrio receptivo, microambiente inmunológico, señales bioquímicas maternas y una selección fisiológica previa que filtra silenciosamente. En el laboratorio hay un medio artificial, manipulación técnica inevitable, ausencia de interacción materna inicial y selección asistida. Por eso la tasa de pérdida embrionaria es mayor en reproducción asistida. No por negligencia. Por biología. La naturaleza descarta en silencio; el laboratorio descarta con trazabilidad. El fenómeno es el mismo.

 

Desde el punto de vista clínico, hablar de “vida” como un estado binario desde la fecundación es una simplificación peligrosa. La vida es un proceso, no un interruptor. Entre la fecundación y el nacimiento hay una larga cadena de eventos donde la mayoría de los intentos fallan. Eso ocurre en la reproducción natural y se intensifica en la reproducción asistida. La embriología no obedece decretos. La fisiología no se adapta al discurso. La ciencia no se negocia.

 

Por eso resulta profundamente problemático —desde una perspectiva médica y ética— que se impulse o se firme legislación que absolutiza el concepto de vida desde la concepción mientras se ha dependido personalmente de un proceso que, por definición, contradice ese absolutismo.

 

No se trata de juzgar la maternidad ni de condenar la medicina reproductiva. La fertilización in vitro es una herramienta legítima, humana y muchas veces milagrosa para quienes desean ser padres. La ciencia lo reconoce, la medicina lo avala y miles de familias lo agradecen. El problema no es haberla utilizado. El problema es legislar contra lo que uno mismo necesitó.

 

Aquí no hay acusación penal ni insinuación jurídica. La ley no es retroactiva. Nadie está sugiriendo delito. El terreno es otro: el de la coherencia científica y la honestidad intelectual. No se puede defender una narrativa de sacralidad embrionaria absoluta cuando se sabe, por experiencia directa, que la reproducción humana es selectiva, imperfecta y muchas veces implacable. La naturaleza descarta. La biología corrige. La medicina acompaña. Fingir lo contrario es legislar desde la fantasía.

 

La noción jurídica del nasciturus, históricamente, protege una expectativa condicionada a que haya nacimiento con vida. No confiere personalidad plena al embrión en todas las circunstancias ni convierte cada evento de fecundación en un sujeto jurídico absoluto. Mezclar categorías —embriología, teología, política criminal— sin precisión técnica produce normas simbólicas que no dialogan con la realidad clínica. Cuando la ley se divorcia de la biología, no eleva la moral pública: la debilita.

 

Hay otra dimensión que incomoda: la biográfica. Cuando la vida personal contradice el discurso público, la ley pierde autoridad ética aunque conserve validez jurídica. No se puede legislar desde el púlpito cuando se vivió desde el laboratorio. No se puede exigir a la ciudadanía un estándar que uno mismo no pudo —o no quiso— cumplir. Eso tiene nombre: doble vara. La doble vara erosiona la credibilidad pública.

 

Se legisla para otros lo que se exceptuó para uno mismo. Se predica sacrificio desde una experiencia de privilegio. Se habla de absolutos desde decisiones profundamente relativas. No es un ataque personal; es una exigencia de coherencia. No es un juicio sobre la maternidad; es un reclamo de honestidad política. No es un debate religioso; es un asunto de integridad pública.

 

Algunos dirán que la experiencia personal no invalida la convicción. Es cierto. La vivencia no anula la fe ni la ideología. Pero sí obliga a la humildad legislativa. Obliga a reconocer la complejidad. Obliga a evitar el absolutismo. Obliga, sobre todo, a no convertir en dogma legal lo que la propia biografía demostró que es frágil, incierto y contingente.

 

La medicina reproductiva existe precisamente porque la biología es frágil. Porque la concepción no es garantía. Porque la vida no es automática. Porque muchas veces, para que una vida llegue a término, otras no lo logran. Esa es la verdad incómoda. No se vuelve menos verdadera porque moleste.

 

Hay un riesgo adicional. Estas legislaciones, al ignorar la realidad clínica, colocan a los profesionales de la salud en una zona gris. Generan miedo, culpabilización artificial y presión moral sobre procesos que son, en esencia, humanos. Se crea un clima donde la ciencia parece sospechosa y la ideología se disfraza de protección. Eso no protege a la vida; la politiza.

 

También se distorsiona el debate público. Se confunde embrión con persona plena, laboratorio con útero, pérdida biológica con crimen. Se borra la diferencia entre descripción científica y prescripción moral. Cuando todo este berenjenal se mezcla, la ley deja de ser instrumento de orden y se convierte en instrumento de señalamiento.

 

La pregunta de fondo no es si la vida merece respeto. Eso es indiscutible. La pregunta es qué tipo de respeto y desde qué conocimiento.

 

El respeto que ignora la biología no es respeto. Es imposición.

 

El respeto que desconoce la clínica no es respeto. Es dogma.

 

El respeto que se predica sin coherencia biográfica no es respeto. Es retórica.

 

La biología no miente.

 

La biografía puede callar.

 

La ley, si no es coherente con ambas, pierde legitimidad moral.

 

En temas de vida, la incoherencia no es un detalle. Es el corazón del problema.

 

Porque la vida no se defiende con consignas, se protege con conocimiento.

 

Porque la ética no se impone, se encarna.

 

Porque ninguna ley —por bien intencionada que sea— puede sustituir la realidad de la embriología humana.

 

Si queremos un país serio, necesitamos leyes que dialoguen con la ciencia, políticos que dialoguen con su propia historia y ciudadanos que no acepten absolutos construidos sobre silencios. La vida es demasiado compleja para reducirla a un eslogan. La concepción, demasiado frágil para convertirla en trinchera ideológica.

 

La concepción no es selectiva por capricho.

 

Es selectiva por biología.

 

Negarlo no nos hace más morales.

 

Nos hace menos honestos.

 

*El autor es cirujano pediátrico, catedrático y escritor.