Un gobierno para los suyos
El gobierno actual parece actuar como una secta cerrada, sin otro propósito que proteger y beneficiar a los suyos. Permanece indiferente ante el grito desesperado de quienes carecen de agua, electricidad o de ambos servicios esenciales. Gobierna con temeridad y se conduce como si sus decisiones no tuvieran consecuencias, mientras condena al pueblo a una vida cada vez más precaria, angustiosa y tenebrosa.
El nombramiento de los jefes de agencia ha sido un ejercicio de reciclaje político e ineficiencia. Los mismos funcionarios pasan de una dependencia a otra, aunque su desempeño haya dejado mucho que desear. Parecería que sus allegados se nutren de una política de bienestar diseñada exclusivamente para ellos. Aumentar sus ingresos, proteger sus privilegios y favorecer a los empresarios que financiaron y sostuvieron la campaña electoral que los llevó al poder.
Pero el problema no termina en la incompetencia administrativa. Cuando el gobierno pierde de vista que su obligación es servir, cada contrato, nombramiento y decisión parece parte de un intercambio de favores. La confianza pública se erosiona y la ciudadanía deja de creer en las promesas, porque la propaganda no puede encender una bombilla, llevar agua a un hogar ni aliviar la pobreza familiar.
A diario le brotan al gobierno nuevos chichones. Señalamientos de corrupción, contrataciones cuestionables, conflictos de intereses y decisiones administrativas que la Junta de Supervisión Fiscal tiene que traer a colación. Paradójicamente, son esos mismos funcionarios quienes pregonan que la Junta debe marcharse. Cabe preguntarse si desean recuperar plenamente la autonomía del país o, sencillamente, tener las manos libres para disponer de los recursos del pueblo a su antojo, sin fiscalización ni límites.
Queda al descubierto el carácter mercantilista de su política y su falta de sensibilidad hacia la ciudadanía, particularmente hacia los humildes y los pobres. Son estos quienes más sufren el deterioro de los servicios públicos, los apagones, la falta de agua y un costo de vida que continúa asfixiando a las familias. Mientras unos disfrutan del bienestar gubernamental, otros luchan diariamente por sobrevivir.
Finalmente, resulta alarmante la constante rotación de jefes de agencia que renuncian, son trasladados de un puesto a otro o terminan involucrados en investigaciones, controversias y procesos ante fiscales especiales independientes. Es una señal preocupante para una administración que apenas se encuentra a mitad de camino.
Puerto Rico necesita una administración que entienda que el poder es prestado y gobernar exige transparencia, competencia y humanidad. No basta la propaganda, repartir puestos o culpar a otros. Hace falta escuchar, rendir cuentas y colocar las necesidades colectivas por encima del beneficio partidista. Esa responsabilidad no puede postergarse hasta las próximas elecciones.
A pesar de todo, el gobierno parece convencido de que podrá revalidar en el poder. Confía en volver a conquistar el voto de un pueblo al que ha abandonado y que se encuentra cada vez más empobrecido, indefenso e indignado. Sin embargo, ningún aparato político puede silenciar indefinidamente el clamor de una ciudadanía cansada de pagar las consecuencias mientras otros convierten el servicio público en un negocio privado.
*El autor es cirujano pediátrico, catedrático y escritor.
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